Destrucción de Evidencias en Chimborazo: Un Procedimiento Controversial
En un evento que ha generado revuelo en la comunidad de Chimborazo, la policía ha llevado a cabo la destrucción de más de 4,700 evidencias relacionadas con diversos delitos. Este proceso, aunque enmarcado dentro de la ley, suscita preguntas sobre el procedimiento y criterios utilizados para determinar la destrucción de tales pruebas materiales.
La acción de destruir pruebas es, según las autoridades, una medida necesaria para liberar espacio y recursos en los almacenes policiales, que suelen abarrotarse con los años. Sin embargo, esto ha generado inquietudes entre los ciudadanos y algunos expertos legales, quienes demandan mayor transparencia en los procesos de selección y destrucción de evidencia.
Organizaciones de derechos humanos han solicitado a la policía y al sistema judicial del país que expliquen detalladamente los criterios que se utilizan para determinar qué evidencias pueden ser destruidas. En respuesta, las autoridades han asegurado que se trata de un procedimiento rutinario y que cada paso sigue un protocolo estandarizado y revisado.
Este suceso pone de manifiesto la necesidad de establecer sistemas más robustos y transparentes para el manejo de evidencias judiciales, asegurando que los procesos no solo sigan las normas legales, sino que también cuenten con la confianza del público en general.
